Como
entrada de hoy queremos reproducir un artículo del general don Fernando
García-Mercadal publicado recientemente en la “Tercera” de ABC, la tribuna de
opinión más prestigiosa de la prensa española.
LOS
ULTRAJES A ESPAÑA Y A LA CORONA.
La
Constitución de 1978 nació con el resuelto propósito de convertirse en un
vínculo de unión y no en un factor de discordia. En su texto cristalizaron
muchas iniciativas conciliadoras, también un inicial pacto sobre los dos
principales símbolos de la nación. Así lo demuestran los debates en ambas
cámaras sobre la Corona –artículo 56.1, “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo
de su unidad y permanencia…”– y sobre el artículo 4 que aprobó la bandera de
España. Poco después se sancionarían otras importantes disposiciones sobre los
símbolos nacionales: la Ley 33/1981, del Escudo de España, la Ley 39/1981, por
la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y
enseñas, y la Ley 18/1987, elaborada por un parlamento de mayoría socialista,
que fijó el 12 de octubre como día de la Fiesta Nacional.
La
tramitación de la Ley del Escudo de España fue un ejemplo de cordura
parlamentaria infrecuente en este tipo de asuntos. El diputado socialista Luis
Solana Madariaga, encargado de defender la proposición de Ley ante el Pleno del
Congreso, tuvo una brillante participación en los debates, que concluirían con
una solución consensuada y ajustada a la seriedad y ortodoxia emblemáticas.
Cuestión distinta es el diseño gráfico del escudo, ciertamente muy deficiente,
aprobado por un Real Decreto unas semanas más tarde. La Ley 39/1981, conocida
popularmente como la Ley de Banderas, fue elaborada en desarrollo del art. 4 de
la Carta Magna y votada favorablemente por una mayoría de diputados y senadores
más que holgada. Por su parte, el proyecto de ley de la Fiesta Nacional tuvo
solo tres votos en contra.
Por
consiguiente, el conjunto normativo regulador de los símbolos nacionales logró
en un primer momento un amplio apoyo de la sociedad española. Se produjo, eso sí,
una disfunción llamativa: la de no dotar de una sencilla letra al Himno
Nacional, carencia que sigue impidiendo la transmisión de emociones propia de
una composición de esta clase y su entonación coral y desinhibida en los
ambientes más dispares.
Puede
decirse que durante la década de los ochenta –coincidiendo con el asentamiento
del PSOE en el poder– la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sociales
aceptaron sin mayores problemas los símbolos políticos de la democracia
naciente, que eran los símbolos nacionales históricos que únicamente la II
República había alterado. Pese al intento de algunos de identificarlos con el
franquismo, sus orígenes son muy remotos. La bandera de España fue creada en
1785, el modelo oficial del escudo vigente tiene como antecedente inmediato el
aprobado por el Gobierno Provisional en 1868, aunque las armerías que contiene
son mucho más antiguas y proceden de la heráldica de los viejos reinos
hispánicos, la partitura original del Himno Nacional o Marcha Granadera es de
1761 y la Fiesta del 12 de Octubre deriva de una propuesta hecha por el
Gobierno de Cánovas del Castillo en 1892 con ocasión del IV Centenario del
Descubrimiento de América, fiesta que, por cierto, mantuvo la II República con
especial solemnidad.
Pero
el consenso no duró mucho. La victoria del “zapaterismo” en las elecciones
generales de 2004 y la Ley de la Memoria Histórica, dando cobertura jurídica al
repudio de los valores integradores que inspiraron la Transición y a la idea de
una España volátil y deconstruida, constituyen un punto de inflexión en todo
este proceso. La exhibición de la bandera nacional en las calles solo resurgirá
esporádicamente con motivo de algunas celebraciones deportivas. El revisionismo
sectario y rupturista ha alcanzado a la Corona misma, minimizando su decisivo
protagonismo en el desmantelamiento del régimen franquista y su incuestionable
contribución a la estabilidad política y a la consolidación de las libertades.
Con
este telón de fondo, han sido varios los anuncios de reformas legislativas muy
ideologizadas referidas a los símbolos nacionales que se han producido en los
últimos años. La más reciente la proposición de ley presentada por Esquerra
Republicana y EH Bildu para suprimir del Código Penal las injurias a la Corona y
los ultrajes a España. Es la cuarta vez que en la Carrera de San Jerónimo se
debate una propuesta de estas características pero la primera en la que el
Grupo Parlamentario Socialista ha votado a favor de su toma en consideración.
No podemos reproducir los alegatos de sus impulsores. Sus denuestos y
descalificaciones sobre la Corona, insultos a Don Juan Carlos incluidos,
parecen fruto más del desaseo intelectual que de una actitud más o menos
provocativa.
Algunos
juristas muestran su desacuerdo con los artículos 490.3, 491 y 543 del Código
Penal, que incriminan las calumnias e injurias contra el Rey y los miembros de
la Real Familia y las ofensas a España y a sus símbolos o emblemas, con el
argumento de que castigar tales conductas vulnera el derecho a la libertad de
expresión proclamada en el artículo 20 de la Constitución. Totalmente de
acuerdo con la defensa de la libertad de expresión como contrapunto a las
exorbitantes competencias que los poderes públicos puedan arrogarse en estas
cuestiones. Pero resulta evidente que para manifestar en un régimen de
libertades el rechazo a España y a la Corona no es necesario insultar y
menospreciar al Rey o procurar la humillación pública de los símbolos
nacionales. Y, además, la dogmática atribución de un derecho a la libertad de
expresión a quienes deciden escarnecer con programada rutina los símbolos
patrios no tiene en cuenta que dicho comportamiento supone una grave afrenta a
los sentimientos de muchísimos españoles.
Examinadas
las posiciones que sobre este asunto mantienen determinados partidos políticos,
sectores sociales y medios de comunicación nos asalta muchas veces la sensación
de que la libertad demandada lo es siempre en la misma dirección. Así hemos
llegado a la hiriente asimetría consistente en reclamar la libertad de
expresión cuando se injuria y calumnia al Rey, se quema la Bandera española o
se pita el Himno nacional y, en cambio, exigir que caiga todo el peso de la ley
sobre quienes enarbolan enseñas franquistas, fletan autobuses para protestar contra
la ideología de género como nuevo credo oficial del Estado o difunden
determinados mensajes y publicaciones opuestos al fanatismo “woke” y el
puritanismo de izquierdas.
Publicado por La Mesa de los Notables.
