martes, 7 de junio de 2022

LOS ULTRAJES A ESPAÑA Y A LA CORONA.

 

Como entrada de hoy queremos reproducir un artículo del general don Fernando García-Mercadal publicado recientemente en la “Tercera” de ABC, la tribuna de opinión más prestigiosa de la prensa española.

LOS ULTRAJES A ESPAÑA Y A LA CORONA.

La Constitución de 1978 nació con el resuelto propósito de convertirse en un vínculo de unión y no en un factor de discordia. En su texto cristalizaron muchas iniciativas conciliadoras, también un inicial pacto sobre los dos principales símbolos de la nación. Así lo demuestran los debates en ambas cámaras sobre la Corona –artículo 56.1, “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…”– y sobre el artículo 4 que aprobó la bandera de España. Poco después se sancionarían otras importantes disposiciones sobre los símbolos nacionales: la Ley 33/1981, del Escudo de España, la Ley 39/1981, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, y la Ley 18/1987, elaborada por un parlamento de mayoría socialista, que fijó el 12 de octubre como día de la Fiesta Nacional.

La tramitación de la Ley del Escudo de España fue un ejemplo de cordura parlamentaria infrecuente en este tipo de asuntos. El diputado socialista Luis Solana Madariaga, encargado de defender la proposición de Ley ante el Pleno del Congreso, tuvo una brillante participación en los debates, que concluirían con una solución consensuada y ajustada a la seriedad y ortodoxia emblemáticas. Cuestión distinta es el diseño gráfico del escudo, ciertamente muy deficiente, aprobado por un Real Decreto unas semanas más tarde. La Ley 39/1981, conocida popularmente como la Ley de Banderas, fue elaborada en desarrollo del art. 4 de la Carta Magna y votada favorablemente por una mayoría de diputados y senadores más que holgada. Por su parte, el proyecto de ley de la Fiesta Nacional tuvo solo tres votos en contra.

Por consiguiente, el conjunto normativo regulador de los símbolos nacionales logró en un primer momento un amplio apoyo de la sociedad española. Se produjo, eso sí, una disfunción llamativa: la de no dotar de una sencilla letra al Himno Nacional, carencia que sigue impidiendo la transmisión de emociones propia de una composición de esta clase y su entonación coral y desinhibida en los ambientes más dispares.
Puede decirse que durante la década de los ochenta –coincidiendo con el asentamiento del PSOE en el poder– la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sociales aceptaron sin mayores problemas los símbolos políticos de la democracia naciente, que eran los símbolos nacionales históricos que únicamente la II República había alterado. Pese al intento de algunos de identificarlos con el franquismo, sus orígenes son muy remotos. La bandera de España fue creada en 1785, el modelo oficial del escudo vigente tiene como antecedente inmediato el aprobado por el Gobierno Provisional en 1868, aunque las armerías que contiene son mucho más antiguas y proceden de la heráldica de los viejos reinos hispánicos, la partitura original del Himno Nacional o Marcha Granadera es de 1761 y la Fiesta del 12 de Octubre deriva de una propuesta hecha por el Gobierno de Cánovas del Castillo en 1892 con ocasión del IV Centenario del Descubrimiento de América, fiesta que, por cierto, mantuvo la II República con especial solemnidad.

Pero el consenso no duró mucho. La victoria del “zapaterismo” en las elecciones generales de 2004 y la Ley de la Memoria Histórica, dando cobertura jurídica al repudio de los valores integradores que inspiraron la Transición y a la idea de una España volátil y deconstruida, constituyen un punto de inflexión en todo este proceso. La exhibición de la bandera nacional en las calles solo resurgirá esporádicamente con motivo de algunas celebraciones deportivas. El revisionismo sectario y rupturista ha alcanzado a la Corona misma, minimizando su decisivo protagonismo en el desmantelamiento del régimen franquista y su incuestionable contribución a la estabilidad política y a la consolidación de las libertades.
Con este telón de fondo, han sido varios los anuncios de reformas legislativas muy ideologizadas referidas a los símbolos nacionales que se han producido en los últimos años. La más reciente la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana y EH Bildu para suprimir del Código Penal las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Es la cuarta vez que en la Carrera de San Jerónimo se debate una propuesta de estas características pero la primera en la que el Grupo Parlamentario Socialista ha votado a favor de su toma en consideración. No podemos reproducir los alegatos de sus impulsores. Sus denuestos y descalificaciones sobre la Corona, insultos a Don Juan Carlos incluidos, parecen fruto más del desaseo intelectual que de una actitud más o menos provocativa.

Algunos juristas muestran su desacuerdo con los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal, que incriminan las calumnias e injurias contra el Rey y los miembros de la Real Familia y las ofensas a España y a sus símbolos o emblemas, con el argumento de que castigar tales conductas vulnera el derecho a la libertad de expresión proclamada en el artículo 20 de la Constitución. Totalmente de acuerdo con la defensa de la libertad de expresión como contrapunto a las exorbitantes competencias que los poderes públicos puedan arrogarse en estas cuestiones. Pero resulta evidente que para manifestar en un régimen de libertades el rechazo a España y a la Corona no es necesario insultar y menospreciar al Rey o procurar la humillación pública de los símbolos nacionales. Y, además, la dogmática atribución de un derecho a la libertad de expresión a quienes deciden escarnecer con programada rutina los símbolos patrios no tiene en cuenta que dicho comportamiento supone una grave afrenta a los sentimientos de muchísimos españoles.
Examinadas las posiciones que sobre este asunto mantienen determinados partidos políticos, sectores sociales y medios de comunicación nos asalta muchas veces la sensación de que la libertad demandada lo es siempre en la misma dirección. Así hemos llegado a la hiriente asimetría consistente en reclamar la libertad de expresión cuando se injuria y calumnia al Rey, se quema la Bandera española o se pita el Himno nacional y, en cambio, exigir que caiga todo el peso de la ley sobre quienes enarbolan enseñas franquistas, fletan autobuses para protestar contra la ideología de género como nuevo credo oficial del Estado o difunden determinados mensajes y publicaciones opuestos al fanatismo “woke” y el puritanismo de izquierdas.

Fernando García-Mercadal
es General Auditor (R) del Cuerpo Jurídico Militar.

Publicado por La Mesa de los Notables.