sábado, 16 de mayo de 2026

EL ÚLTIMO CUSTODIO DE ARMAS.

Vindicación histórica, cultural y simbólica del oficio de Cronista de Castilla y León en su condición de Oficial de Armas.

Riestra2026. 

En España todavía subsisten instituciones que ya no ocupan el centro de la vida pública, pero que continúan existiendo gracias a la continuidad histórica y a la práctica mantenida durante generaciones. Oficios antiguos que han dejado atrás el protagonismo político, aunque siguen presentes en archivos, registros y ceremonias vinculadas a la tradición jurídica e histórica española. El Cronista de Armas forma parte de esa continuidad.

No hace mucho, hojeando junto a mi hijo Alejandro diversos documentos armeros que habían llegado a nuestras manos, algunos conviene decirlo, de notable belleza y exquisita ejecución, apareció entre ellos uno firmado por don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marqués de La Floresta y vizconde de Ayala, en su condición de Cronista de Armas de Castilla y León.

Aquel documento, más allá de su estética sobria y austera, profundamente castellana en sus formas y concepción, despertó inmediatamente nuestro interés y dio pie a una conversación que pronto derivó hacia el debate sobre el valor y alcance de este tipo de certificaciones. Sin embargo, por encima de cualquier discusión doctrinal, se imponía un hecho difícilmente refutable: aquel testimonio, fechado, datado y firmado, constituía una prueba tangible de la continuidad en el uso de unas determinadas armas. Seguían vivas. Seguían siendo usadas. Y eso, en materia heráldica, posee un valor que ninguna interpretación teórica puede ignorar por completo.

Porque la heráldica nunca ha sido una mera cuestión ornamental. En España, durante siglos, las armerías constituyeron signos de identidad familiar, elementos de reconocimiento jurídico y símbolos históricos transmitidos de generación en generación. Los Cronistas y Reyes de Armas jamás fueron simples artistas del blasón: desempeñaban funciones reconocidas por la Corona, autentificaban genealogías, certificaban armas y daban fe de una continuidad histórica que formaba parte de la propia estructura institucional de la Monarquía.

Cuando falleció don Vicente de Cadenas y Vicent en 2005, el Estado español dejó vacante una tradición secular. Desde entonces, ningún gobierno ha nombrado un nuevo Cronista o Rey de Armas de ámbito estatal. La vieja magistratura heráldica de la Monarquía quedó suspendida en un silencio administrativo que dura ya más de dos décadas.

Albalá que faculta al Marqués de la Floresta como Cronista de Armas de Castilla y León.


Y, sin embargo, las armerías no desaparecieron. Muchas familias continuaron necesitando acreditar genealogías para ingresar en corporaciones nobiliarias, ordenar sus blasones, conservar memoria documental de sus linajes o confirmar el uso continuado de símbolos heredados conforme a la tradición histórica española. Allí donde el Estado decidió no continuar aquella función, subsistió, sin embargo, una continuidad concreta: la de Castilla y León.

En 1991, la Junta de Castilla y León promulgó el Decreto 105/1991, norma todavía vigente, mediante el cual se regulaba la heráldica municipal y se restauraba la figura del Cronista de Armas. El texto del decreto no resulta ambiguo. Su artículo 16 estableció expresamente que el Cronista de Armas “ostentará las facultades y competencias tradicionales de los antiguos Cronistas, Reyes de Armas y Heraldos de Castilla y León contenidas en el Real Decreto de 29 de julio de 1915 y en el Decreto de 13 de abril de 1951”.

Aquella disposición no puede despacharse como una mera fórmula retórica o ceremonial. Constituye, más bien, una afirmación de continuidad histórica y funcional. Y pocos días después, mediante nombramiento oficial de la propia Junta, el cargo recayó en Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, historiador, jurista y heraldista, quien desde entonces ha ejercido públicamente dichas funciones durante más de tres décadas.

Blasones, firmados por la mano de S.M. don Juan Carlos I, pertenecientes a las Certificaciones de Armas emitidas por el Marqués de la Floresta al Conde de Latores y a Fray Matthew Festing, gran Maestre de la Orden de Malta.

Durante ese largo ejercicio institucional, el Marqués de la Floresta ha desarrollado una intensa labor heráldica y documental. Entre los centenares de documentos armeros realizados bajo su autoridad destacan especialmente aquellos relativos a la atribución de armerías concedidas, con motivo de su ennoblecimiento por Su Majestad el rey don Juan Carlos I, a relevantes personalidades de la vida pública española. Entre ellas se cuentan el maestro compositor don Joaquín Rodrigo, marqués de los Jardines de Aranjuez; el general don Sabino Fernández Campo, conde de Latores y jefe de la Casa de S.M.; el profesor y académico don Emilio García Gómez, conde de los Alixares; y don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, marqués de la Ría de Ribadeo y antiguo presidente del Gobierno de España.

Cabe señalar que Su Majestad el rey don Juan Carlos I, entonces reinante, se dignó en diversas ocasiones suscribir y a firmar, de propia mano regia, las armerías atribuidas por el Cronista de Armas de Castilla y León a las referidas personalidades, así como a otras personas de su especial confianza y afecto, entre ellas el almirante don Fernando Poole, jefe de su Cuarto Militar. Los edictos correspondientes a dichas certificaciones de armas fueron publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Asimismo, en su calidad de Decano de los Consejeros Heráldicos del Gran Magisterio de la Soberana y Militar Orden de Malta, organizó y dispuso las armerías de Su Alteza Eminentísima el  entonces príncipe y gran maestre fray Matthew Festing, electo y proclamado en marzo de 2008. Estas armerías, registradas en Castilla y León con fecha de 13 de marzo de 2008, merecieron igualmente el agrado de Su Majestad el rey don Juan Carlos I, quien se dignó suscribir de su mano, mediante su firma, el documento original entregado a Su Alteza Eminentísima en su condición de Jefe de Estado reconocido internacionalmente.

Blasones, firmados por la mano de S.M. don Juan Carlos I, pertenecientes a las Certificaciones de Armas emitidas por el Marqués de la Floresta al Conde de los Alixares y al almirante don Fernando Poole, jefe del Cuarto Militar de S.M. don Juan Carlos I.

No se trata, por tanto, de una práctica privada nacida al margen de la Administración, ni de una simple actividad académica o decorativa. Se trata de unas funciones ejercidas bajo cierta cobertura normativa y desempeñadas públicamente durante décadas, aceptadas y jamás interrumpidas ni sustituidas por otra autoridad estatal equivalente.

Los detractores de sus competencias sostienen que una comunidad autónoma no puede restaurar plenamente la antigua autoridad regia de los Reyes de Armas, ya que sería una competencia del Estado. Pero esa objeción tropieza con una realidad igualmente evidente: el propio texto de su albalá de nombramiento le facultaba expresamente para “expedir certificaciones de genealogía, nobleza y escudos de armas”, así como confirmaciones y atribuciones de nuevas armerías solicitadas por particulares, mientras que el Estado parece ejercer de “convidado de piedra”.

Durante más de treinta años, el Marqués de La Floresta ha expedido certificaciones heráldicas para ciudadanos españoles y extranjeros; ha mantenido registros armoriales; ha asesorado sobre símbolos históricos; ha redactado más de mil setecientos informes de Heráldica Municipal; y ha registrado centenares de armerías de manera  notoria. Ha actuado, de hecho, como la referencia visible de la heráldica institucional en España en ausencia de un Cronista de Armas nombrado por el Estado.

Podrá discutirse, y ciertamente se discute, el alcance jurídico exacto de tales certificaciones. Pero resulta difícil negar tres hechos fundamentales: su continuidad, su ejercicio público y su reconocimiento social dentro del ámbito heráldico español e internacional.
Y quizá sea precisamente ahí donde reside el verdadero fondo de la cuestión. Porque determinadas instituciones históricas no sobreviven únicamente gracias a decretos o estructuras administrativas. Sobreviven porque alguien continúa ejerciéndolas; porque persiste una práctica reconocible; porque se conservan los registros, las fórmulas, el ceremonial, el lenguaje técnico y la función cultural que las justificó durante siglos.

España ha dejado extinguir muchas de sus antiguas magistraturas sin derogarlas formalmente, abandonándolas lentamente a un territorio incierto entre la historia y la administración contemporánea. El oficio de Cronista de Armas pertenece claramente a esa categoría: demasiado histórico para la burocracia moderna; demasiado vivo para considerarlo desaparecido.
En ese vacío institucional, Castilla y León optó por mantener la continuidad. Y esa continuidad, en heráldica, no constituye un detalle menor: constituye buena parte de la legitimidad misma.

Pienso que las armas no son únicamente dibujos más o menos antiguos sobre pergamino, vitela o papel de alto gramaje. Son memoria familiar, historia documentada, identidad transmitida y testimonio visible de una continuidad histórica. Y las que aún no lo son, pretenden llegar a serlo. Mientras exista un registro, sea local, autonómico o estatal, que continúe custodiando, certificando y ordenando ese legado conforme a una tradición todavía vigente, resultará difícil sostener seriamente que la institución haya desaparecido por completo en España.

Desde 1991 hasta hoy, mientras el Estado español permanecía inmóvil en esta materia, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila ha sido, de hecho, el único cronista de armas español en ejercicio continuado y públicamente reconocido por una administración.
Y quizá por eso, más que el último representante de una institución extinguida en su ámbito, el Marqués de La Floresta pueda considerarse el último custodio vivo de una tradición histórica que España nunca llegó verdaderamente a abolir.

Riestra2026.

Publicado por La Mesa de los Notables.